La Municipalidad de Surco ha expresado su desacuerdo con respecto al Reglamento de Vivienda de Interés Social, el cual forma parte de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (Ley N° 31313) promulgada el miércoles pasado. Este reglamento tiene como objetivo promover e implementar la Vivienda de Interés Social (VIS). En una conversación con Gestión, Carlos Bruce, alcalde de la comuna, destacó que la normativa incluye aspectos positivos, como la confirmación del principio establecido por el Tribunal Constitucional: que los municipios tendrán la potestad de decidir las zonas donde se permitirá el desarrollo de la VIS.

El alcalde resaltó la importancia de que las VIS deban inscribirse en el Registro Público por un período de cinco años y que también se establezca un pago del 2.5% del valor de las alturas adicionales otorgadas para estos proyectos. Además, subrayó que es responsabilidad de los municipios decidir sobre los pisos adicionales permitidos. Bruce, quien anteriormente se desempeñó como ministro de Vivienda, consideró que este 2.5% debe ser visto como una contribución, ya que, según él, no representa una carga significativa para las finanzas municipales. Sin embargo, expresó su preocupación por la facultad de los municipios de decidir si aplicar o no este porcentaje, ya que podría dar lugar a prácticas poco transparentes.

El alcalde lamentó que también se haya otorgado la facultad de decidir sobre las alturas adicionales a las municipalidades, lo que podría permitir la discrecionalidad en la concesión de estos beneficios a las empresas inmobiliarias. En su opinión, esto no debería quedar en manos de un funcionario municipal. Respecto a la norma que requiere un estacionamiento por cada tres departamentos, Bruce argumentó que esta medida solo contribuirá a aumentar la cantidad de vehículos estacionados en las calles, en lugar de fomentar el uso de transporte público.

Por último, el alcalde destacó la ausencia de procesos de fiscalización de los revisores urbanos, quienes tienen la autoridad para otorgar licencias de construcción, incluso en contra de las decisiones de los concejos municipales. Bruce señaló que, en más de 10 años, ningún revisor urbano ha sido sancionado, y que el 90% de los proyectos VIS han sido aprobados por ellos. Expresó su descontento por la falta de un sistema de control, un marco de sanciones y un procedimiento claro para presentar denuncias.

En relación con las 15 licencias de construcción que fueron suspendidas previamente por el municipio, el alcalde de Surco informó que algunas inmobiliarias han optado por revisar y modificar sus proyectos y alturas. Cabe recordar que diversas autoridades distritales de Lima Metropolitana también han manifestado su desacuerdo con la implementación de la vivienda social en sus respectivas jurisdicciones:

- Miraflores ha delimitado dos avenidas específicas para el desarrollo de proyectos de vivienda social y anunció la paralización de 60 proyectos debido a problemas con las licencias de construcción.

- San Isidro ha prohibido completamente la entrega de autorizaciones para proyectos de Vivienda de Interés Social en su distrito y ha detenido las construcciones bajo este modelo mediante una ordenanza.

- San Borja ha seguido esta medida de San Isidro.

- Inicialmente, la Municipalidad de Magdalena suspendió la emisión de licencias de construcción, pero en julio de este año revirtió esa decisión, aunque mantiene una demanda de inconstitucionalidad contra la figura de los revisores urbanos.